http://www.terra.org/la-estafa-electrica-en-espana_2509.html
Todo gobierno tiene un propósito y en cada área este propósito se
materializa según la persona que encabeza cada ministerio. El objetivo
del Ministro de Industria del Gobierno de España que preside D, José
Luis Rodríguez Zapatero, es mantener a cualquier coste el poder
socioeconómico de
la patronal de la industria eléctrica, o sea, las grandes corporaciones eléctricas. Todo para que el ciudadano de a pie siga esclavo del sistema.
La mentira del déficit de tarifa y el recorte a las renovablesPara
mantener su estatuto predominante, la patronal eléctrica favorece
diversas estrategias de confusión. La primera es pactar la congelación
de la tarifa eléctrica con el Gobierno (de Aznar en 2004), y luego crear
la confusión entre el
déficit tarifario
y el perjuicio para las arcas públicas. Cualquier experto sabe que el
origen del actual nivel del déficit de tarifa comenzó a ser relevante
con el alza de los precios del petróleo en el año 2004, y cuando apenas
había generación renovable. Este desajuste se produce porque las tarifas
reguladas, -establecidas por el Gobierno-, no incluyen correctamente
los costes de generación. Estas tarifas no han sufrido variación
significativa en los últimos años para los consumidores particulares, a
pesar de que habría sido una vía para frenar el déficit e incentivar el
ahorro energético si se hubieran seguido los vaivenes reales de costes.
Pero el déficit tarifario no es la única maniobra de distracción; la
patronal eléctrica sigue succionando al pueblo español con el sistema de
tarifa de compra-venta de electricidad en el
mercado nacional de electricidad.
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España es un país exportador de electricidad.
Las infraestructuras de interconexión sólo persiguen el negocio de las
eléctricas pagadas con los impuestos ciudadanos.
El
precio de la electricidad depende de varios
factores. Sin embargo, muy al contrario de lo que se ha insinuado, las
energías renovables han contribuido de manera significativa, -junto con
otras circunstancias-, a bajar los precios del mercado eléctrico en los
últimos años. En concreto, hemos pasado desde niveles de 7 céntimos por
kilovatio/hora en diciembre de 2007 a los 3 céntimos por kilovatio/hora
en diciembre de 2009, un dato público y objetivo. Esto es debido a que,
al entrar en la red, las renovables desplazan a las fuentes más caras y
consiguen un menor precio de casación. Dada la estructura de la tarifa,
son los consumidores industriales los que en mayor medida se han
beneficiado de esa reducción de los precios pagados a la generación de
la electricidad. Pero esta reducción del coste de generación, las
comercializadoras de electricidad no la repercuten a los consumidores
porque éstos consumen electricidad a precio de una tarifa regulada. La
responsabilidad de la subida de la electricidad
no es imputable a las renovables.
En cambio,
sí son responsables de los desmanes
eléctricos las centrales nucleares e las grandes centrales
hidroeléctricas que se han zampado casi 1.500 millones de euros en el
año 2010 cuando se trata de centrales amortizadas. El déficit de tarifa
se situaba a finales del 2010 en 20.000 millones de euros. De modo que
por un lado venden “déficit de tarifa”, por el otro consiguen
incrementos en la tarifa de los 24 millones de usuarios cautivos (las
familias españolas). Sólo con el cambio de tarifa anual y el sistema de
lectura estimada se permite que puedan cobrarse a precio nuevo los kWh
consumidos el año anterior. De modo que se estiman por este
procedimiento irregular unos beneficios de 1.000 millones de euros para
las comercializadores eléctricas. Y todo esto también hace de cortina de
humo para que no suba la electricidad a los grandes consumidores (la
gran industria que compra en el mercado liberalizado, pero que consume
el 60% de los kWh generados con una tarifa de bajo precio y que no
computa en el déficit de tarifa).
Finalmente, se cierra el círculo del poder eléctrico sobre el
Ministerio de Industria solicitándole “mano dura” contra las renovables
mientras éste sigue ganando pingües beneficios. Sólo ENDESA o Gas
Natural-Fenosa suman entre ambas un beneficio en 2010 de más de 4.500
millones de euros. Con la aparición de la generación renovable, el
lobby
eléctrico español ha insistido en que son los culpables del incremento
del precio del consumo eléctrico doméstico. La opinión pública no tiene
datos reales de lo que pasa, porque la prensa nacional está comprada con
publicidad en los principales periódicos de España. Además, han
generado un complejo sistema para que no sea fácilmente comprensible. La
alfabetización energética es una asignatura pendiente en este país. En
cualquier caso, las renovables nacionales, - como reconocía un estudio
reciente de la
Asociación de Productores de Energía Renovable-,
han generado 99.850 empleos, ha contribuido al PIB en 8.760 millones de
euros y ha ahorrado al precio de generación eléctrico 4.836 millones,
amén de ahorrar importaciones por valor de 2.137 millones de euros.
Las centrales eléctricas con renovables no son
las causantes del llamado déficit tarifario. Una mentira que fomentan
las compañías eléctricas gracias a que dominan a los grandes medios de
comunicación del país.
La
mentira de recortar las primas a las renovables para reducir gasto público sale por todas partes. Valeriano Ruiz, experto en energía solar, advertía que
“en
el régimen especial de producción de electricidad no se incluyen
únicamente fuentes de energía renovable; aunque a algunos les interese
ocultarlo sistemáticamente. También se incluyen la quema de los Residuos
Sólidos Urbanos y los combustibles fósiles, especialmente el gas
natural para las instalaciones de cogeneración. De hecho, de los 6.000
millones que representaron las primas en 2009, más de 1.000 millones
fueron destinados al gas. Sin embargo, suele aludirse sólo al "coste" de
las energías renovables”.
Aunque el Gobierno español erró claramente en su intento de copiar el
modelo alemán para desarrollar las renovables, lo cierto es que se
propició una importante inversión en este sector. Inversión que quedaba
avalada por normas jurídicas para garantizar el retorno de ésta con un
cierto beneficio. Esto ha hecho que empresas y personas hayan depositado
en los planes sobre energías renovables unos activos por valor de
70.000 millones en los últimos 10 años, y que ha dado lugar a los
puestos de trabajo antes citados. Cambiar ahora el contexto con un
recorte de primas retroactivo significa no sólo retroceder el camino
andado, sino crear una inseguridad jurídica para el futuro de otras
inversiones en nuestro país. Además crea un precedente de desprestigio
al estilo de república bananera. Frenar ahora las inversiones en las
tecnologías que se encuentran aún en etapa de desarrollo, -como la
termosolar cuyas primas representaron el 2% de las que recibió la
cogeneración en 2009 y un 0,37% de todas las primas-, es un buen ejemplo
de que en el recorte de las primas a las renovables no hay la voluntad
por parte de los oligopolios energéticos de acceder a todo este
potencial, sinó que persiguen provocar el crack financiero del sector de
las energías limpias. Endesa ha presentado al registro de preasignación
de renovables proyectos eólicos que suman 1.174 megavatios.
Los ex-presidentes vendidos al poder eléctrico y otros escándalos políticosHay
poco de limpio en las corporaciones eléctricas de este país. A la luz
de los taquígrafos de la prensa española (incluso estando comprada) se
pueden leer los desmanes cometidos por los últimos ministros de
industria. Aprecien también que desde 1996 hasta 2008 (12 años)
esencialmente han sido políticos catalanes ya sean del PP o del PSOE. Y
no es pura casualidad, pues una empresa poderosa energética catalana
está en la sombra del gobierno: Gas Natural-Fenosa. Lo podemos apreciar
en el aspecto monopolístico bien presente del gas metano en España.
Incluso la política con los países del Magreb está relacionada con el
hecho que Argelia es el principal suministrador de Gas Natural-Fenosa.
También hay denuncias de las empresas competidoras europeas (por
ejemplo, Gaz France) sobre la imposibilidad de competencia por los
abusivos peajes en el uso de los gasoductos por otras compañías. Tampoco
es inocente que tengan al ex presidente Felipe González como consejero
de Gas Natural-Fenosa. Por su parte, ENDESA, privatizada en la era
Aznar, tiene a este ex presidente en nómina como consejero. En fin, que
fácilmente uno podría pensar que les devuelven los favores realizados
cuando gobernaban. Y en todo caso, hay algo claro: a pesar de la subida
del precio del crudo, los oligopolios energéticos españoles no han
cesado de tener beneficios económicos más que suculentos.
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La subida de la luz a los usuarios domésticos es
una estrategia más del Gobierno para favorecer el negocio de las
grandes corporaciones eléctricas.
Cualquier ciudadano puede imaginar que de todo lo que acontece en el
sector eléctrico, nada es para favorecerle a él, sino para urdir una
realidad de alto beneficio para las empresas implicadas. Pero la codicia
siempre rompe el saco. Lo demuestra el nombramiento como Secretario de
Estado de Energía de D. Fabricio Hernández Pampaloni. Este personaje fue
nombrado Secretario de Estado de Energía por el Consejo de Ministros
el 7 de enero de 2011. Sin embargo, durante meses había sido nombrado
por Nuclenor como perito en el pleito planteado ante la Audiencia por
las mercantiles "Endesa", "Iberdrola" y "Nuclenor" contra el Ministerio
de Industria, en relación con la Orden Ministerial ITC/1785/2009 de
cierre definitivo de la central nuclear de Garoña en el 2013.
Greenpeace ha denunciado esta irregularidad:
"Resulta
difícil entender que se nombre por el Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro de Industria, como Secretario de Estado de Energía, a una
persona con cuyos conocimientos se ampara una Demanda contra el propio
Ministerio de Industria, en la que se solicita al Estado una
indemnización para Nuclenor de la cantidad de 951,4 millones de euros"
advierte Carlos Bravo, responsable de Energía de Greenpeace. Que se
nombre a esta persona para defender los intereses del Reino de España en
materia de energía, habiendo estado implicada en perjudicar las arcas
públicas ejerciendo a favor de la patronal de las nucleares, es evidente
que conculca los más elementales principios constitucionales. Sin
embargo, el actual Gobierno de Zapatero mantiene en activo a dicho
Secretario de Estado.
Alargar el plazo de las centrales nucleares incrementa los beneficios de las eléctricasLas
centrales nucleares no tienen buena prensa entre la ciudadanía, como lo
demuestran todos los datos de opinión. Los motivos son evidentes: la
problemática de la energía atómica está ligada indisolublemente a la
producción de residuos radioactivos letales por miles de generaciones,
algo que la gente intuye pero de lo que no es plenamente consciente de
las consecuencias. Los finlandeses, con un parque nuclear la mitad de la
de España, están afrontando
una solución para sus residuos que prueba lo absurdo de continuar con la generación eléctrica nuclear.
El alargamiento de la vida de las centrales nucleares es un gran beneficio para las empresas eléctricas propietarias.
Pero hay un dato claro por el que las empresas eléctricas titulares
quieren alargar a toda costa, -incluso relajando las medidas de
seguridad para exprimir más beneficios económicos-, la vida útil de las
centrales nucleares. Hoy, todas las centrales nucleares españolas son
inversiones ya amortizadas, y que además hemos mantenido con dinero
público a través de la moratoria nuclear. Todo lo que generan es puro
beneficio contable. Una central nuclear de 2.000 MW genera una
facturación neta diaria de casi 2 millones de euros. El alargamiento de
la concesión de funcionamiento para la vieja central nuclear de Garoña
(construida en 1971) supone unos ingresos extras de puro beneficio para
la empresa explotadora de 180 millones de euros al año. Todo un regalo.
Y es que la gestión de los residuos la pagamos entre todos. Desde
inicios de 2011, España debe pagar 65.000 euros diarios a Francia, -algo
ridículo si comparamos con lo que gana una sola de las centrales
españolas-, por guardarle los residuos radioactivos de alta actividad
(sobretodo son los procedentes del desmantelamiento de la accidentada
central de Vandellós 1) y que además ya suma una deuda de 1,4 millones
acumulada hasta hoy (apreciemos que estas cifras, supuestamente grandes,
no sobrepasan lo que gana una sola central nuclear). Con esta excusa se
argumenta que
“la indecisión política de no haber optado todavía
por un lugar para ubicar el almacén de residuos nucleares obliga a un
despilfarro inaceptable en tiempos de crisis”. Pero no dicen que el
Almacén Temporal Centralizado no es más que un parche que puede costar
millones de euros, ya que no es la opción definitiva. Por eso, debería
ser evidente que nuestra opción como sociedad fuera la
objeción electronuclear.
En este contexto, por tanto, es lógico que la prensa atice el miedo con los siguientes
falsos argumentos:
• El Gobierno no debe retrasar por más tiempo la autorización para
prorrogar la vida útil del máximo número de centrales nucleares, siempre
que cumplan las exigencias de seguridad. Hay que ser conscientes sin
embargo, de que la prórroga de las nucleares en funcionamiento pese a
ser necesaria no será más que un parche, ya que a diez años vista se
planteará el mismo problema que ahora.
• España ha perdido largos años en un estéril debate energético que, a
diferencia de la mayoría de los países europeos, ha impedido apostar
decisivamente por la energía nuclear. Una energía nuclear que ahora se
revela prescindible.
Y lo que tampoco dice la prensa es que la energía nuclear es
económicamente inviable
a no ser que sea el Estado quien garantice las inversiones. Tampoco
dicen que no hay compañía de seguros en el mundo capaz de asegurar los
daños del accidente en una central nuclear. Tampoco dicen que una de las
pocas centrales nucleares en construcción en el mundo, la de Finlandia,
acumula una demora de más de 4 años y un incremento del presupuesto
inicial de más de 2.500 millones de euros.
Contra toda esta realidad nuclear, peligrosa, demagógica e injusta,
tenemos los estudios cada vez más claros de que antes del 2050 toda la
electricidad generada en Europa podría ser de origen renovable.
La inversión en eficiencia energética, una realidad que no interesa a los oligopolios eléctricos.
La estafa de la luz a través de los contadores eléctricos
Antonio Moreno Alfaro
lleva años luchando para advertir sobre la estafa de contadores que
afecta a unos 23 millones de usuarios que tienen alquilado el contador
de la luz. Su compañía eléctrica le lleva cobrado ilegalmente por dicho
alquiler casi 350 euros de media (el contador instalado en las viviendas
le cuesta actualmente a las compañías eléctricas menos de 18 euros). Su
autor pone a disposición de los usuarios
una página web para ayudarnos
a recuperar la cantidad que nuestra compañía eléctrica nos haya cobrado
ilegalmente por el alquiler del contador. Para ello, ha desarrollado un
programa informático expresamente para esta aplicación, en donde basta
sólo con teclear los datos personales del consumidor para saber la
cantidad que nuestra compañía eléctrica ha cobrado ilegalmente.
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La estafa del alquiler de los contadores
eléctricos continua sin ser atajada por el Gobierno. Mientras, las
grandes corporaciones eléctricas siguen cobrando de forma ilegal.
La estafa, sus antecedentes, planificación y ejecución, nos advierte
de que las grandes corporaciones eléctricas españolas llevan cobrando
ilegalmente 7.500 millones de euros a 23 millones de personas. Cantidad
que se incrementa cada día en más de 600.000 euros. Todo ello se basa en
la utilización impune del BOE desde 1984 para estafar como mínimo la
mitad de esos 7.500 millones de euros. Una estafa que precisa de la
existencia de una tupida red de corrupción que controle todos los
organismos de detección y represión del fraude de los que dispone un
Estado de Derecho para proteger los legítimos intereses económicos de
los ciudadanos.
Es lógico pues, que sabiéndose impunes para cometer una tosca estafa
que supera los 4.000 millones y se incrementa cada día en 350.000 euros,
las compañías eléctricas aprovechen cualquier oportunidad para cometer
nuevas estafas y fraudes, algunos de los cuales, por su descaro
chulesco, ponen claramente de manifiesto la total indefensión en la que
deja a los usuarios la connivencia entre el Gobierno y las citadas
compañías.
Entre las
nuevas estafas y fraudes cometidos por las compañías eléctricas están los siguientes:
• Cobro de la instalación del ICP (Interruptor de Control de Potencia)
• Sustitución clandestina de los contadores electromecánicos por
contadores digitales• Cobro de un precio de alquiler superior al legal
• Incremento unilateral de la potencia contratada
• Manipulación del período de facturación
Mientras, el Gobierno español, aprobó en abril del 2009 un Real
Decreto que concede a las compañías eléctricas un regalo de 10.000
millones de euros encubierto bajo el eufemismo de "déficit tarifario",
correspondiente a los ejercicios 2001 a 2008. Con dicho regalo que tiene
la garantía del Estado, el Gobierno institucionaliza el fraude contable
iniciado en 2001 como describe la documentada web de Antonio Moreno.
Así pues, el Gobierno aumenta los impuestos y recorta presupuestos
vitales, pero regala 10.000 millones de euros a compañías que afirman
que tienen déficit, pero cuyos presidentes y consejeros se autoasignan
ingresos propios de jeques del petróleo. No es de extrañar, por tanto,
que las compañías eléctricas se refieran al Gobierno como
uno de los nuestros.
Los
fotovoltaicos orgánicos (OPV) cuentan con la ventaja de que se pueden
pintar sobre una superficie, como las paredes exteriores de un edificio o
el tejado. Además, se pueden elaborar por medio de procesos de
impresión y de recubrimiento de alta velocidad y escalables, como las
pinturas en aerosol y la impresión de inyección de tinta para cubrir
áreas más extensas.
